Reclamos de discapacidad del Seguro Social: CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA EN ESTADOS UNIDOS

Tener una enfermedad no garantiza recibir un beneficio por discapacidad. Esa es una de las primeras sorpresas que enfrentan muchas personas cuando inician el proceso ante la Administración del Seguro Social (SSA). En este sistema, el diagnóstico es sólo el punto de partida, pues lo que determina si una persona puede acceder a estos beneficios es demostrar, con evidencia médica, que su condición le impide trabajar conforme a los criterios establecidos por la ley.

Aquí comienzan muchas frustraciones. No son pocos los casos en los que una persona tiene una enfermedad real y documentada, pero aun así recibe una respuesta negativa. La razón suele ser la misma: la información presentada no deja claro cómo esa condición impacta la capacidad de la persona para realizar actividades laborales.

El primer paso para comprender cómo funciona este sistema es conocer los dos programas que administra la SSA o Social Security Administration:

• Programa de Social Security Disability Insurance (SSDI), dirigido a trabajadores que han cotizado al sistema mediante sus impuestos.
• Programa de Supplemental Security Income (SSI), pensado para personas con ingresos y recursos económicos limitados, incluidos algunos menores de edad con discapacidad.

LO IMPORTANTE NO ES EL DIAGNÓSTICO sino la evidencia médica

Aunque estos programas son diferentes, ambos comparten una misma regla: La ley exige que la persona tenga una condición física o mental médicamente comprobable que le impida realizar un trabajo que genere ingresos y que haya durado o se espere que dure al menos doce meses, o que pueda causar la muerte.

El verdadero protagonista de este proceso no es el diagnóstico, sinola evidencia médica. No basta con explicar que una persona siente dolor, tiene ansiedad o experimenta dificultades para realizar sus actividades diarias. La SSA necesita expedientes clínicos, estudios de laboratorio, imágenes diagnósticas y evaluaciones de especialistas que respalden esas limitaciones.

¿Y qué ocurre cuando esa información no es suficiente? En esos casos, las agencias estatales encargadas de evaluar las solicitudes pueden solicitar exámenes médicos adicionales para obtener más elementos antes de tomar una decisión.

En otras ocasiones, el perfil vocacional de la persona llega a ser parte de la evaluación, el nivel académico del solicitante podría determinar si la solicitud de beneficio de discapacidad es aceptada o negada.

En pocas palabras, el sistema hace una pregunta muy concreta: ¿esta condición realmente impide que la persona pueda mantener un empleo? Esa es la cuestión que guía toda la evaluación. Por eso, dos personas con el mismo diagnóstico pueden obtener resultados diferentes dependiendo de la evidencia presentada.

A primera vista, este criterio puede parecer demasiado estricto. Sin embargo, responde a una lógica sencilla. Los programas de discapacidad del Seguro Social administran recursos públicos destinados a quienes realmente no pueden trabajar debido a una condición médica. Por esa razón, las decisiones deben apoyarse en pruebas objetivas y no únicamente en los síntomas que describe el solicitante.

UN RECHAZO NO SIEMPRE SIGNIFICA UN “NO” DEFINIDO

Pero una respuesta negativa no siempre es el final de la historia. La ley reconoce el derecho de toda persona a solicitar una revisión de su caso. Primero puede pedir una reconsideración administrativa y, si la decisión continúa siendo desfavorable, presentar su caso ante un juez de derecho administrativo.